Descaro católico

Una de las razones de la actual indignación que hay en México (y en muchos otros lugares) contra la iglesia católica es no sólo el alto número de casos de pederastia que se han detectado y comprobado, ni el evidente ocultamiento y protección de los culpables por parte de la jerarquía eclesiástica. El problema de fondo es la convicción que tienen los religiosos católicos de que no tienen por qué responder a la justicia civil.

De hecho, esa es también una de las razones históricas que hacen que en nuestro país los religiosos no tengan derecho a ser votados a cargos públicos ni puedan poseer medios de comuniación masiva (aunque ahora están haciendo una intensa campaña para modificar esto, bajo el engañoso nombre de "libertad religiosa"). Los religosos están obligados a obedecer sin chistar las órdenes de su líder religioso, el Papa, que es a la vez jefe de un estado extranjero: el Vaticano. Ello plantea un conflicto de intereses.

Lo curioso no es esto, que es bien sabido, sino que en estos días, en un simposio titulado "Sanciones para algunos delitos imputables a clérigos" ,organizado por la Universidad Pontificia de México, los propios sacerdotes y expertos católicos han expresado varios testimonios que dejan claro este problema. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Juzgue usted mismo: en el colmo del descaro, el obispo de Tepic, Alonso Humberto Robles Cota, declara (Milenio Diario, 23 de enero de 2008):

La Iglesia católica es víctima de una persecución jurídica por las reformas a los códigos penales federal y del DF, realizadas el año pasado (con las que se duplican las penalidades a los ministros de culto que abusen sexualmente de menores de edad y se castiga a quienes tienen conocimiento de ese acto y no lo denuncien)

(...) El obispo de Tepic cuestionó la gravedad de inculpar a quienes no denuncien el abuso sexual a un menor de edad. “Lo más grave es cómo se ha ido aumentado la pena a otras personas que no tenían nada que ver, por no denunciar al delincuente, y podría se encarcelado; me parece una persecución jurídica contra la Iglesia, porque si el obispo sabe puede ser encarcelado.

“Nosotros tenemos la norma del vaticano, que a un indicio se debe investigar y comunicarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y esperar a lo que ésta decida”.

Entonces, aseguró, sus instancias eclesiásticas “se verán invadidas por una persecución jurídica contra la Iglesia”.

¡Pobrecitos sacerdotes pederastas! Querían estar sujetos sólo a la justicia vaticana. ¿Algo más?